El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ha presentado un plan de estudios de más de 200 expedientes que quedan pendientes de la resolución de su Sección Especializada en Beligerancia Política. Estos casos, que se acumulan desde hace varios años, permanecieron paralizados debido a una acción de inconstitucionalidad que dejó en suspensión a las autoridades encargadas de atenderlos, hasta que la Sala Costitucional concluyó su análisis.
Entre las denuncias pendientes están las interpuestas contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves, por presunta beligerancia política. Estas acusaciones, que datan del año anterior, incluyen una presentada por el Partido de Liberación Nacional (PLN) y otra por el Partido Acción Ciudadana (PAC). Miguel Guillén, secretario general del PLN, se dirigió al TSE para expresar su preocupación por el retorno a la resolución de estos casos, subrayando la importancia de un pronunciamiento adecuado sobre esta naturaleza.
Rodrigo Chaves, por su parte, ha utilizado sus intervenciones públicas para criticar a los principales partidos de oposición, entre ellos el PLN, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), el Frente Amplio y el Partido Liberal Progresista (PLP), insinuando supuestos actos de corrupción entre sus líderes. Esto ha generado tensiones políticas que, combinadas con las quejas actuales, reflejan un panorama político polarizado de cara a las elecciones presidenciales de 2026.
Denuncias acumuladas desde 2019
Según Andréi Cambronero, propietario de Letrados del TSE, los casos pendientes comenzaron a acumularse desde 2019. Más allá de los procesos electorales —las elecciones nacionales de 2022 y las municipales de 2024—, las denuncias continuaron presentándose ante la Sección Especial de el Tribunal desde entonces pudo ser resultados debido a la acción de inconstitucionalidad que lo bloqueó anticipadamente.
Si bien la sección especializada continuó recibiendo denuncias durante todo este tiempo, no pudo emitir resoluciones hasta mediados de este año, cuando finalmente el Salón de lo Constitucional se pronunció sobre el caso. Inicialmente, los magistrados enfrentaron la acción de inconstitucionalidad por defectos formales en su redacción, lo que obligó a los solicitantes a replantearla. Luego, luego de un nuevo intento, la acción fue admitida y resuelta, permitiendo al TSE restablecer sus funciones en esta materia.
Los activistas que presentaron la acción de inconstitucionalidad impugnaron cuatro artículos del reglamento de la Sección Especializada del TSE, argumentando que dichas disposiciones contravenían la Constitución. Sin embargo, en la votación 2024-0023861, la Sala Constitucional concluyó que no existe inconstitucionalidad en estas normas. Según los magistrados, el TSE tiene plena competencia para establecer normas relativas a su función electoral, así como establecer el artículo 10 de la Constitución Política y el artículo 74 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.
Competencia exclusiva del TSE
El magistrado instructor Jorge Araya destacó que la organización y regulación de los procesos electorales son competencia exclusiva del TSE. En su resolución aclaró que las disposiciones adoptadas por el Tribunal Supremo Electoral en el ejercicio de su función electoral no pueden ser objeto de acción constitucional.
«Si consideramos que el cumplimiento y regulación de estos procesos son responsabilidad exclusiva del TSE en el ejercicio de su función electoral. Según el artículo 10 de la Constitución y el artículo 74 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, no existe acción constitucional contra las disposiciones del TSE relativas al ejercicio de la función electoral”, explicó Araya.
Pese a la resolución del Salón Constitucional, aún está pendiente de publicación el texto completo de la sentencia, lo que permitirá conocer en detalle los fundamentos de la decisión y lo dispuesto en las normas bajo las cuales funcionará la Sección Especializada del TSE en adelante. .
Denuncia contra el presidente Chaves
Entre los expedientes pendientes destacan las denuncias contra el presidente Rodrigo Chaves, presentadas por el PLN y el PAC por supuesta beligerancia política. Estas acusaciones han generado un amplio debate, ya que, para prosperar, el TSE deberá remitir el caso a la Asamblea Legislativa, que sería la encargada de determinar los pasos a seguir.
Las denuncias están vinculadas a declaraciones públicas de Chaves, en las que utilizó su cargo para atacar a los partidos de oposición y a sus dirigentes, alegando actos de corrupción. Estas acciones podrían interpretarse como una violación a las normas que rigen la neutralidad política de los funcionarios públicos, especialmente en el contexto de procesos electorales.
El avance de estas gestiones será fundamental para definir el impacto político de las acusaciones contra el presidente y la posible reacción de los partidos involucrados, quienes han insistido en la necesidad de garantizar imparcialidad y transparencia en los procesos electorales.
Un panorama político tenso
El regreso a la resolución de los casos de milicias políticas ha acentuado las tensiones en el panorama político nacional. Con las elecciones presidenciales de 2026 en el horizonte, los partidos opositores y el oficialismo mantienen un clima de confrontación que podría intensificarse a medida que avancen los procesos en el TSE.
La resolución de los trucos acumulados desde 2019 no solo será crucial para definir posibles sanciones o medidas correctivas, sino también para escuchar precedentes en la regulación de la conducta política de los actores públicos. En este contexto, el TSE enfrenta el desafío de asegurar que su implementación sea considerada imparcial y respetada por la Constitución, en un momento en que la confianza en las instituciones es fundamental para la estabilidad democrática.
Por el momento, el TSE continúa trabajando en los expedientes acumulados y en la implementación de lo dispuesto por la Sala Costitucional. La publicación del fallo completo permitirá al alcalde conocer en detalle las implicaciones de la decisión y los pasos a seguir en los casos más relevantes, como las denuncias contra el presidente Chaves.
Este proceso marca un punto crítico para la coherencia del sistema electoral, que tendrá que demostrar su capacidad para resolver conflictos políticos de manera justa y transparente, en un entorno donde la polarización y las acusaciones sangrientas parecen ser la norma.