El gobierno argentino, encabezado por el presidente Javier Milei, ha dado un giro significativo en la política de seguridad nacional al ampliar la acción de las Fuerzas Armadas hacia cuestiones de seguridad interna. Este cambio, implementado a través de dos decretos presidenciales, redefine la Ley de Defensa Nacional de 1988, originalmente concebida para limitar la intervención militar en los asuntos internos tras la dictadura militar (1976-1983).
La Ley de Defensa Nacional, sancionada durante el gobierno de Raúl Alfonsín, establecía que las Fuerzas Armadas podían actuar solas en conflictos vinculados a agresiones externas para garantizar la sobriedad e independencia del país. Durante las presidencias de Néstor Kirchner y Alberto Fernández, el tribunal judicial se adaptó para fortalecer esta separación entre defensa nacional y seguridad interior. Sin embargo, los decretos firmados por Milei y sus ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Luis Petri, han cambiado radicalmente este enfoque, permitiendo a un alcalde participar militarmente en asuntos internos.
Redefinición de objetivos estratégicos
El primero de los decretos establece una nueva definición de «objetivos de valor estratégico». Según la legislación, esto incluye cualquier cosa, instalación o infraestructura que con destrucción parcial o total pueda causar daños graves al bienestar de la población, la economía, el medio ambiente o la seguridad nacional. A diferencia del pasado, cuando el Congreso debe determinar qué constituye un objetivo estratégico, ahora el Poder Ejecutivo tiene la exclusividad para definirlo, sin necesidad de consulta legislativa.
Además, el decreto permite al Ministerio de Seguridad solicitar la colaboración de las Fuerzas Armadas junto con las fuerzas políticas y de seguridad federal para proteger estos objetivos, eliminando restricciones previas que limitaban esta cooperación.
Ampliar el alcance de la implementación militar
El segundo decreto amplía las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas, justificándose con las «nuevas formas de conflicto» derivadas de la evolución tecnológica. Ahora, las Fuerzas Armadas podrán actuar en el ciberespacio, el espectro electromagnético y el espacio exterior, y también enfrentarán amenazas de organizaciones terroristas, transnacionales o actores paraestatales extranjeros, que antes no eran considerados agresores externos según la ley.
La similitud permite a las Fuerzas Armadas complementar el trabajo de las fuerzas de seguridad en el frente, participando en actividades de entrenamiento operativo, apoyo logístico y asistencia ante emergencias o desastres naturales.
Justificaciones del gobierno
El gobierno de Milei sostiene que los cambios eran necesarios para corregir lo que llamamos un “sexto ideológico” en la regulación anterior de la Ley de Defensa, implementada por Néstor Kirchner en 2006. Según la administración actual, este enfoque limitó la capacidad del Estado para proteger a los ciudadanos. intereses vitales de la nación.
En círculos sociales, el ministro de Defensa, Luis Petri, defendió a los medios afirmando: “El defensor estratégico es el defensor de los argentinos del bien. Donde haya recursos y futuro, no habrá lugar para mafias y gente corrupta». Por su parte, Patricia Bullrich abordó la necesidad de fortalecer la cooperación interinstitucional para abordar los desafíos de seguridad contemporáneos.
Críticas y preocupaciones
La decisión generó críticas generalizadas por parte de organismos sociales y de derechos humanos, que en estas disposiciones propiciaron un avance hacia la militarización de la seguridad interior. Manuel Trufó, director de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Jurídicos y Sociales (CELS), informó que no existe una situación real de terrorismo o crimen organizado que justifique esta ampliación de la acción militar.
Trufó también expresó su preocupación por la inclusión de las infraestructuras económicas en la categoría de “objetivos de valor estratégico”. Según el experto, esto podría usarse para justificar la represión de protestas sociales o bloqueos vinculados a reivindicaciones territoriales, particularmente de comunidades indígenas. «Este es un gobierno que se ha caracterizado como manifestante terrorista y ha adoptado una postura dura contra los bloqueos como herramienta de protesta. Esto podría ser una señal de que se intenta criminalizar también otras manifestaciones», advierte.
Contexto y signos de cambio
La ampliación del papel de las Fuerzas Armadas es sólo una de las muchas señales de un cambio de paradigma en la política de defensa y seguridad del gobierno de Milei. Durante 2024, las necesidades de defensa aumentaron significativamente, se recuperaron archivos militares y se difundió un polémico vídeo el Día del Recuerdo, recordando a las víctimas de la última dictadura militar.
Estos cambios han sido interpretados por algunos analistas como un intento de resignificar el papel de las Fuerzas Armadas en el país, dedicando protagonismo a áreas tradicionalmente reservadas a las fuerzas de seguridad.
Un debate abierto
Mientras el gobierno defiende la medicina como una respuesta necesaria a las “nuevas amenazas” que enfrenta Argentina, críticos y organizaciones sociales advierten sobre los riesgos de erosionar la frontera entre la defensa nacional y la seguridad interna, una separación que fue clave en la transición democrática del pueblo.
El debate sobre el alcance de la participación militar en los enfrentamientos internos promete intensificarse en los próximos meses, especialmente en el contexto de un clima político polarizado y de elecciones legislativas. Para algunos, esta decisión representa una vanguardia estratégica frente a los desafíos modernos; Para otros, se trata de un retroceso que pone en peligro derechos fundamentales y principios democráticos.