CEOE no firmará la subida del salario mínimo y teme un alza superior al 5% | Economía

Las patronales CEOE y Cepyme han decidido no sumarse al acuerdo propuesto por el Gobierno para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) un 4% este año. Esta decisión se ha tomado, según fuentes patronales, tras la reunión mantenida este pasado lunes con el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, en la que el número dos del Ministerio de Trabajo confirmó a los empresarios que el Gobierno no cedería en las dos peticiones patronales para respaldar la subida del SMI. Frente a esta negativa del Gobierno se suma el malestar generado en las filas empresariales por las declaraciones del propio Pérez Rey antes del citado encuentro, en las que advirtió a los empresarios de que si no se sumaban a la propuesta de Trabajo, el incremento del salario mínimo sería superior al 4%, algo que fue interpretado como una “amenaza y un chantaje”, según palabras repetidas este martes en varias ocasiones por el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi.

Ante esta advertencia del secretario de Estado de Empleo, en las organizaciones empresariales se temen que el incremento final del salario mínimo sea incluso superior al 5%, que era el suelo mínimo marcado por los sindicatos para sumarse al pacto. De hecho, UGT elevó su reclamación mínima a “entre el 5% y el 7%”, lejos del 3,5% que llegó a proponer CEOE, según ha reconocido Garamendi. De esta forma, el alza que finalmente se acuerde podría elevar el aumento acumulado del salario mínimo en los últimos cinco años por encima del 55%, lo que supone más que triplicar el avance del IPC general.

Precisamente, esta posibilidad de que el incremento que finalmente decida el Ejecutivo junto a los sindicatos sea superior al 5% ha llevado a Garamendi a preguntarse, durante un almuerzo celebrado en el Club Siglo XXI de Madrid este martes, sobre cuál es el criterio del Gobierno para subir el salario mínimo. “¿El pragmatismo al que apelaba Pérez Rey o más bien el populismo de decir ‘o haces lo que digo o te aplico un correctivo? Eso no es diálogo social”, se ha quejado el presidente de la CEOE. En este punto, también ha lamentado una incertidumbre añadida por la marcha de Nadia Calviño del Ministerio de Economía, ya que, según ha sugerido, ella habría frenado una subida superior al 4%. En cualquier caso, la cifra definitiva que determine el Gobierno no se sabrá hasta dentro de unos días.

Ni indexación, ni bonificaciones

En concreto, la negativa de la patronal está provocada fundamentalmente por el hecho de que el Ministerio de Hacienda no vaya a indexar los contratos públicos a la nueva subida del SMI —a pesar de que Trabajo estaba a favor de esta medida, según ha asegurado este martes Garamendi—, y porque tampoco habrá bonificaciones en las contrataciones agrarias ante el próximo incremento del salario mínimo.

A esto, el líder patronal ha sumado un tercer condicionante: que no se piense en las comunidades autónomas a la hora de aplicar estas subidas. “No me vale que se negocie solo la cifra de lo que sube, sino que se tiene que hablar del concepto de salario mínimo en general”, ha insistido. “Todo esto es lo que ha impedido que CEOE y Cepyme se sumen al acuerdo, y no ha hecho falta consultar a ningún órgano de dirección de las patronales, estos condicionantes ya se aprobaron en la última Junta Directiva”, han insistido fuentes de las organizaciones empresariales.

Cambio de reglas

Durante su intervención este martes en el Club Siglo XXI, Garamendi se ha mostrado muy crítico con las últimas acciones del Gobierno, al que ha pedido que huya de “maximalismos” porque “se han hecho cosas muy bien pero también mal”. En ese sentido, se ha mostrado especialmente concernido con la necesidad de que España siga siendo un polo de inversión, que es, en su opinión, la única manera de retornar “a la ortodoxia económica y al rigor presupuestario”.

Para ello, el líder patronal ha asegurado que es imprescindible que en España exista “estabilidad, seguridad jurídica y predictibilidad”, algo que, según ha dicho, el Gobierno pone en peligro, “cambiando constantemente las reglas del juego, antes de salir al campo”. Y ha puesto como ejemplo dos cambios de la reforma laboral, “que el Ejecutivo ha cambiado apenas siete meses después de que a sindicatos y a empresarios costara mucho acordar”. Dichos cambios a los que se ha referido han sido, la exigencia de un preaviso de seis meses en los despidos colectivos de las empresas que quieran cerrar y la primacía de los convenios autonómicos, que el Ejecutivo ha aprobado para lograr los apoyos del PNV a la investidura.

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