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El juez que investiga el caso Negreira ha acordado imputar al presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, por los pagos millonarios al ex número dos de los árbitros españoles durante su primera etapa al frente del club. Una semana después de reprochar la falta de ética en el comportamiento de Laporta pero asegurar que no podía citarle como investigado porque los delitos habían prescrito, el magistrado ha examinado con más detalle los plazos de prescripción y ha cambiado de criterio. El juez Joaquín Aguirre atribuye al mandatario azulgrana un delito de cohecho continuado, por lo que considera que sí puede investigar a Laporta por los pagos efectuados entre 2008 y 2010 (su mandato empezó en 2003) al exvicepresidente del Comité Técnico Arbitral (CTA) José María Enríquez Negreira.
El juez ha ampliado la condición de investigados a Laporta y a los miembros de su junta directiva que tuvieron responsabilidades en los pagos, aunque no detalla por ahora sus nombres, a la espera de conocer la estructura directiva del club en esa época. Laporta sigue así los pasos de los dos presidentes que le sucedieron al frente del club, y que también tienen la condición de investigados: Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu. El juez les atribuye un delito de cohecho porque considera que, como número dos de los árbitros españoles al servicio de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Negreira debe ser considerado un funcionario. De forma alternativa, para el caso de que no se considere óptimo ese delito, les atribuye uno de corrupción en el ámbito deportivo, que es el delito por el que la Fiscalía se querelló inicialmente. El FC Barcelona también tiene la condición de investigado en la causa como persona jurídica.
El magistrado discrepa así del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que excluyó a Laporta de la denuncia que presentó por los 7,3 millones de euros que el Barça pagó a José María Enríquez Negreira y a su hijo entre los años 2001 y 2018, al entender que su participación en los hechos durante su primera presidencia, entre 2003 y 2010, ya habría prescrito.
El auto dictado este miércoles concluye que, dado que los pagos se prolongaron a lo largo del tiempo, debe hablarse de un delito de cohecho continuado, que conlleva penas de seis a siete años y medio de cárcel. En esta modalidad, el delito prescribe a los diez años desde el día en que se llevó a cabo la última infracción. Los pagos a Negreira por supuestas asesorías técnicas de las que no hay rastro documental alguno acabaron en julio de 2018, lo que provocó la reacción airada del exdirigente arbitral, quien amenazó al entonces presidente Bartomeu con airear trapos sucios del club. Los pagos desde esa fecha hasta 2010 (etapa en la que estuvo Laporta al frente) sí serían susceptibles, según los cálculos del magistrado, de integrar ese delito de cohecho.
El juez subraya una vez más que los pagos a Negreira “tuvieron por fuerza que beneficiar el FC Barcelona en detrimento del resto de clubes de la Liga de Primera División o de sus rivales en la Copa del Rey”. Admite que se trata de una “deducción lógica” que deberá ser comprobada por la Guardia Civil, porque lo cierto es que por ahora no se ha hallado indicio alguno de que los pagos obedecieran a esa lógica o sirvieran para la compra de árbitros. El juez, de todos modos, considera de forma indiciaria que el delito de cohecho ya se habría cometido, puesto que los pagos se realizaron y ninguna parte los discute.
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