El juez supremo peruano Juan Carlos Checkley decidió aceptar la petición de la Fiscalía de 36 meses de prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo, quien se encontrará en prisión por su fallido autogolpe de Estado, mientras es investigado por corrupción y después de que este había negado «rotunda y categóricamente» que su autor o formaba parte de una organización criminal formada durante su gobierno.
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Durante una audiencia virtual, Checkley dijo que la medida era «idónea» porque no se trata de un juicio común, sino uno que reviste alta peligrosidad» y explicó el exmandatario, detenido por 18 meses de prisión preventiva por el autogolpe, ha incurrido en obstrucción de la Justicia mediante el amedrentamiento de testigos, qu’ha llegado incluso a la misma fiscal general, Patricia Benavides.
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En tal sentido, el magistrado dijo que Castillo incurrió en una probable pena de 32 años de cárcel por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.
La prisión preventiva contra el exmandatario responde a las presiones que ejerció para la designación de un funcionario sin el perfil técnico como gerente general de la estatal Petroperú, así como la cancelación de un concurso internacional para la compra de biodiesel y su adjudicación a una empresa específica .
Igualmente, el nombramiento del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, prófugo de la justicia, con la supuesta intención de copar ese ministerio con funcionarios para facilitar «dirigir los proyectos» de infraestructura, cargo de esa cartera.
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Del mal formado, el juez citó los dos millones de soles (medio millón de dólares) que la empresaria Karelim López dijo haber entregado a Castillo, a través de sus asesores en Palacio de Gobierno, para ser favorecida con una adjudicación de obras públicas.
Checkley confirmó que «Castillo tuvo una participación clave» en estas «conductas ilícitas».
Respecto al peligro de fuga y arraigo de Castillo, el juez supremo aclaró que la detención del expresident, en diciembre pasado, se produjo «cuando pretendía asilarse en la embajada de México», lo cual fue corroborado por las declaraciones públicas de l’embajador en Lima y el propio presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.
La esposa y los dos hijos menores de Castillo fueron recibidos por López Obrador y asilados por ese país, horas después del fallido golpe de Estado.
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Sober el arraigo, el magistrado recordó que Castillo no tiene domicilio real actual y que no se puede considerar al penal de Barbadillo, donde está cerrado desde diciembre, como su domicilio actual, como pidió su abogado.
Los manifestantes piden que las elecciones se lleven a cabo en abril de 2023.
Castillo niega imputaciones
En la diligencia anterior, del pasado martes, Castillo negó «rotunda y categóricamente» que su autor y forma parte de una organización criminal conformada durante el Gobierno (2021-2022), tal como lo acusó la Fiscalía al argumentar su pedido de 36 meses de prisión preventiva en su contra.
Niego habló categóricamente de que es autor y forma parte de una red criminal, el único delito que se cometió es servir a mi país como presidente de la República.
“Niego habló categóricamente de que es un autor y forma parte de una red criminal, el delito individual que vino a desempeñar en el país como presidente de la República”, dijo Castillo en una audiencia virtual convocada por el juez Checkley.
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«No he cometido ningún delito, señor juez, el Perú sabe, el pueblo sabe, que hoy en día quienes han hecho la acusación constitucional también en todo caso serán parte de esta presunta organización criminal, porque pasaron en su mayoría en las oficinas del despacho presidencial”, dijo.
Rechazó que la petición fiscal sustente en un posible peligro de fuga cuando, según dijo, se encuentra «en un penal de alta seguridad» y que no tiene arraigo familiar, ya que su esposa y sus hijos están asilado en México.
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«Acá no hay peligro de fuga, mi arraigo domiciliario hoy es este lugar (la prisión)», reiteró antes de cirle al juez que «tiene que demostrar que está del lado del pueblo no del lado de los enemigos».
El Ministerio Público también ha solicitado 36 meses de prisión pereventiva para los exministros de Transportes y Vivienda Juan Silva Villegas y Geiner Alvarado López, respectivamente.
Silva, quien está prófugo de la Justicia desde el año pasado, es acusado de delito de organización criminal y colusión simple, mientras que qu’Alvarado es señalado como presunto autor de delito de organización criminal.
EFE