En este medio término de la legislatura 2022-2023, el presidente Gustavo Petro aprobó la probación en el Congreso de su Plan Nacional de Desarrollo.
En medio de la tormenta política producida por la decisión del mandatario de declarar muerta la coalición con ‘la U’, los liberales y los conservadores – que se materializó en la salida de su gabinete de las voces de centro, como las de los exministros José Antonio Ocampo y Cecilia López–, el Congreso les dio el sí tiene 373 artículosen muchos de los cuales hubo consenso incluso con voces criticas del llamado ‘gobierno del cambio’.
El proyecto inicial tuvo varias cirugías de fondo desde febrero, cuando llegó a las comisiones conjuntas. Pero en el texto definitivo quedaron varios artículos que encienden las alarmas. Varias de esas alertas sonaron desde el primer momento, y sin embargo pasaron el primer redondo de las comisiones económicas en marzo, sobrevivieron en las plenarias de Cámara y Senado, hasta convertirse en ley.
Otras sí son recientes. Los congresistas presentaron más de 5.000 propuestas para cambiar el proyecto original que integró el equipo del Departamento Nacional de Planeación (DNP), con Jorge Iván González a la cabeza. Inclusive, el jueves en la tarde, en las últimas horas de discusión en la Cámara, parecieron 250 propuestas de última hora, la mayoría de las cuales fueron desechadas.
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Durante el debate, en varias partes siguió viva la preocupación por la posibilidad de que en uno de los múltiples artículos qu’propuso el Gobierno para agilizar la compra de tierras para la reforma rural terminara colándose una puerta para la ‘expropiación exprés’. Muchos de esos artículos se hundieron en medio de fuertes discusiones, pero al final terminó aprobándose una addenda que terminará protestas.
«Si las personas no quieren vender, no venden. Se agiliza la parte administrativa, pero se conservan todas las garantías».
La alerta es tal que hasta el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, ya anunció que lo demandará ante la Corte Constitucional. «Pedimos que se revise con lupa el artículo 55, convertido en el 61. Allí podría existir una figura de expropiación que estaría en riesgo la propiedad privada en nuestro campo colombiano”, dijo.
Sin embargo, los funcionarios del Gobierno defienden el artículo y dicen que no se utilizaron para expropiar. González le dijo a este medio que los colombianos pueden estar tranquilos. «Si las personas no quieren vender, no venden. Se agiliza la parte administrativa, pero se conservan todas las garantías», aseguró.
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La iniciativa más polémica vino desde el comienzo y, a pesar de las alertas de Fiscalía y Procuraduría, terminó aprobada. Se trata de los cambios que pueden promover la contratación pública con ‘organizaciones de la economía popular’como los consejos de acción comunal y las asociaciones étnicas, populares y campesinas, ya que exigen menos requisitos que un oferente normal.
Si bien hoy en día el Estado ya puede celebrar contratos de hasta 1,000 millones de pesos directamente con ellas (lo que en la ley se conoce como menor cuantía), se abrió una puerta para que ahora también se les puedan entregar contratos de mínima cuantía, sobre los 116 millones de pesos.
Estos últimos tienen muchos menos controles y exigencias que los de menor cuantía, y lo que señalan varias voces es la contradicción entre la lucha contra la corrupción y la decisión del Gobierno y del Congreso de los controles en la contratación. “El Ejecutivo va a poder contratar directamente con entidades sin ánimo de lucro. ¿Quién va a controlarlo? A lo largo de todo el país van a estar repartidos ‘contratitos’ de 1.000 millones de pesos”, alertó el representante del Centro Democrático Christian Garcés.
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La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) tampoco quedó conforme con lo aprobado y dijo que representa «un duro e histórico reves» para el sector. Esto, debido a que seis de los artículos (79, 98, 99, 277, 351 y 366) «no solo allanan el camino para expandir la corrupcion, sino que también abren un enorme boquete para que prolifere la entrega de obras civiles fallidas, con bajísimos estándares de calidad”.
De igual manera –según la CCI–, se puso en riesgo la supervivencia de las pymes de ingeniería en las regionesque debe competir en desmantelamiento con las organizaciones de la ‘economía popular’, con el agravante de que la contratación de obras que requiera violar normas técnicas quede en manos inexpertas.
“Teniendo en cuenta que su aprobación limita la pluriidad de ofertas y coarta la libre competencia en ciertos procesos de contratación con el Estado –por cuanto se promoción la contratación directa–, es evidente que para abrir un espacio para que la corrupcion entre a manos llenas cuando de adjucar un proyecto de infraestructura se trate”, dice el dirigente gremio de Juan Martín Caicedo.
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Más alertas
La alertaa senadora Paloma Valencia puso sur la actualización catastral.
@sergiioangell El Tiempo
La senadora Paloma Valencia también advirtió que la camioneta a entregar a los campesinos las zonas de reserva forestal por 30 años y que más personas en el país tendrán que pagar impuestos, pues se ha establecido una actualización catastrófica masiva. “Eso significa que los prediales de todos los colombianos van a disparar y que muchos de clase media que no estaban declarando renta van a terminar pagando”, alertó el diputado del Centro Democrático.
También aprobó un sobrio mico el que había advertido Fasecolda: que los empleados del sector público no tendrán la posibilidad de elegir su administradora de riesgos laborales (ARL) y se adjucará de manera obligatoria Positiva Compañía de Seguros, que es la pública. Esto, según el gremio de las aseguradoras, iría en contravía del principio de libre competencia y crearía un «monopolio estatal».
Aunque no se aprobaron todas las facultades extraordinarias que pedía el presidente Petro, el Congreso sí le dio potestad por seis meses para modificar los programas de Familias y Jóvenes en Acción, Intervenir en el Hospital San Juan de Dios de Bogotá, crear una entidad pública para impulsar el mejoramiento de las vías vecinales y adecuar el Grupo Bicentenario, que agrupa a las principales entidades públicas financieras del pís.
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Asimismo, Greenpeace ha denunciado que el artículo 227 –que ordenaba la creación del Programa Basura Cero y abre la puerta a la puesta en marcha de Parques Tecnológicos Ambientales (PTA), los cuales gestionan los residuos a través de diferentes maneras como la incineración– podria poner en peligro la salud publica.
Al igual hay alertas sobre el artículo que busca aumentar de manera progresiva del 1 al 6 por ciento las transferencias que deben pagar las empresas que construyan proyectos de energías renovables no convencionales, como la eólica y solar.
«No habrá hidrocarburos ni minería porque ni a la ministra de Minas (Irene Vélez) ni al Presidente les gusta, pero tampoco habrá transición energética porque quién va a invertir cuando le aumenten los impuestos »cuestionó el senador Ciro Ramírez.
“El Plan es poco ambicioso: considera unas tasas promedio por debajo del 4 por ciento.
Otra alerta es la de la creación de ‘aranceles inteligentes’ para proteger algunas ramas de la producción. María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), asegura que podría abrir las puertas a innumerables pleitos internacionales con socios comerciales.
«Debemos tener en cuenta que un arancel sin justificación operativamente generará un costo mayor para el importador y también afecta el bolsillo de los colombianos, quienes al final terminan asumiendo la carga pagando por productos importados más caros, lo que sería muy grave en un escenario de alta inflación como la actual”, dijo.
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Al final del debate también quedaron las críticas con las metas conservadoras de crecimiento: “El Plan es poco ambicioso: considera unas tasas promedio por debajo del 4 por ciento. tiene mucha ambición en exceso de gasto”, confirmó el exministro de Hacienda y actual rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo.
Los ejes a los que le apuntan el Gobierno
Con la aprobación de la hoja de ruta para los próximos cuatro años del gobierno by Gustavo Petro, que contempla inversión por encima de los 1.154 billones de pesoslos esfuerzos de esta administración se enfocarán en cinco ejes: ordenamiento del territorio, seguridad humana y justicia social, alimentación, transformación productiva y acción climática, y convergencia regional.
El documento aprobado incluye la consolidación de Catastro Multipropósito (cuya meta es llegar al 70 por ciento de advance en este Gobierno) y el tránsito hacia el Sistema de Administración del Territorio (SAT), así como la formalización, adjudicación y regularización de la tenencia de la tierra con las concesiones forestales campesinas, a a través del polémico artículo 61, que se refiere a los mecanismos para la compra de tierra.
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Uno de los pilares del plan que fue aprobado por el Congreso es lo que el presidente llama ‘ordenamiento territorial alrededor del agua y justicia ambiental’. Sobre este punto fueron aprobados artículos qu’plantan la coordinación interastitucional para el control de la deforestación —3.1 millones de hectáreas de bosque se han perdido en las últimas dos décadas según el Minambiente—, una estrategia para el control del tráfico de la fauna también hay la creación de consejos territoriales de agua.
La vicepresidenta de la República, Francia Márquez, llegó al Congreso, en la madrugada del 4 de mayo, mientras terminaba de aprobar la conciliación del PND.
César Melgarejo / EL TIEMPO
Otro de los cambios more important than trae la hoja de ruta del gobierno Petro es la creación de un sistema de transferencia para apoyar a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad, bajo la dirección del Departamento para la Prosperidad Social.
Asimismo, el proyecto aprobado permite la creación en firme de programa Renta Ciudadana y el de Hambre Cero. miEn ese sentido, el meta del Gobierno es que la pobreza extrema y multidimensional bajen tiene 9.6 y 7.4, respectivamente, en 2026.
Siempre que se produzca una transformación productiva y acción climática, el foco estará en las energías renovables y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, esto, a través de programas que abogan por la movilidad eléctrica y la creación de un registro nacional de reducción de emisiones.
NOELIA CIGÜENZA RIAÑO
Redacción Economía y Negociaciones
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